La dirección de IP bloqueada vincula a más de un millón de blogs alojados en Blogger, con contenido de autores diversos. Desafortunadamente, la técnica de bloqueo de direcciones de IP implementada afecta no sólo el acceso a los sitios claramente identificados por la justicia, sino a cientos de miles de blogs que no guardan relación alguna con la medida judicial. Existen otros procedimientos técnicos menos restrictivos que el bloqueo efectuado, los que permiten a los ISPs cumplir con las órdenes judiciales de manera cabal y afectando sólo a los sitios involucrados.
El bloqueo indiscriminado afecta derechos de rango constitucional, como el acceso a la información, la libertad de expresión, y el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. Miles de usuarios de Blogger y de Internet en general dependen de la disponibilidad de sus contenidos para difundir sus ideas y promocionar sus productos o servicios.
Asimismo, como las direcciones IP pueden ser dinámicas y cambiar automáticamente, lo que hoy se bloquea, mañana puede estar disponible en otro lugar y el bloqueo efectuado termina aplicándose a un sitio web de un tercero que nada tiene que ver con el problema.
El bloqueo de sitios web, direcciones IP, puertos y protocolos de red es una medida extrema (similar, en algunos casos, al cierre de diarios, radios u otros medios de comunicación), y debe limitarse a sitios o contenido específico, ser proporcional y limitado al fin buscado para evitar la afectación innecesaria de los diversos derechos garantizados a los usuarios. Así también se han expresado recientemente los organismos internacionales de Derechos Humanos en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, y numerosas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras encargadas de velar por los derechos de los usuarios de Internet.
Google está trabajando con los actores involucrados para revertir esta desafortunada situación y reestablecer el acceso a los cientos de miles de blogs y demás sitios en territorio Argentino.
Publicado por Pedro Less Andrade, Senior Policy Counsel, Latin America